Ejido Castaños (1978 + -)

Los tres jóvenes, campesinos en apariencia, están frente al delegado de la Reforma Agraria de Coahuila, dos sentados, el tercero de pie.

-Nuevamente esta monserga- piensa vagamente el funcionario- Estos pobres cuates están jodidos.

-Otra vez este cabrón- dicen para sí dos de los jóvenes, ambos campesinos y ejidatarios. El tercero escucha con atención al burócrata, tratando de adivinar qué piensa.

-Su solicitud es improcedente- dice con prepotencia el representante agrario -esas setecientas hectáreas está protegidas por un amparo.

En los ejidatarios el rostro se contrae en un gesto de ira. Una y otra vez han recibido la misma respuesta en los últimos cinco meses.

El tercer joven dice con suavidad:

-¿Nos puede permitir ver el amparo, señor ingeniero?

Tal vez la prepotencia y el orgullo del burócrata no le permitieron ver en los rostros el reflejo de lo que pensaban y sentían sus interlocutores o tal vez la seguridad de ser superior a los tres pobres campesinos le impidió valorarlos adecuadamente. El caso es que, por esas u otras causas el delegado salió de su oficina, dejó un buen rato abandonados a los tres demandantes, regresó displicente y entregó la solicitud de amparo y su correspondiente resolución definitiva -un legajo de unas treinta hojas- a los tres supuestos ejidatarios -uno no lo era, sólo había sido maestro rural y ahora se movía libremente viviendo casi de la caridad pública.

El exprofesor rural tomó el legajo con calma y lo empezó a leer. La solicitud formulada por los viejos hacendados de la población de Castaños pedía la protección federal para veinte hectáreas, adjuntas al casco de la hacienda, ya en terrenos urbanos, que indebidamente -así se asentaba en la solicitud- habían sido entregadas como parte de una segunda ampliación al ejido Castaños.

Quien leía pensó: "Solamente se pide amparo para veinte hectáreas, no para las setecientas ".

Todos los alegatos, considerandos, testimonios y demás enredos procesales se los brincó el exprofesor y se fue a leer la resolución que nadie había recurrido y por lo tanto era firme. La tal resolución decía en esencia: " ... se concede la protección federal a los señores [nombre de los demandantes que nadie recuerda ya], por lo que se les deberán devolver las veinte hectáreas que se señalan al inicio de la solicitud ..." y seguían las fórmulas, sellos y firmas de rigor. Caso cerrado. Todo claro.

Con la misma seguridad con la que solicitó los papeles del amparo, sin siquiera levantarse de su asiento, aquel mentor metido a campesino dijo:

-Señor ingeniero, el amparo es bueno, en eso usted tiene razón, pero sólo defiende veinte hectáreas colindantes con el casco de la exhacienda, las otras setecientas siguen siendo de los ejidatarios. Ya se les entregaron legalmente una vez y se las tienen que regresar de inmediato.

No tiene caso describir la sorpresa, el enojo y el desconcierto del delegado. Ninguno de sus tres interlocutores de entonces recuerdan nada al respecto. Las setecientas hectáreas les fueron devueltas al ejido menos de dos meses después. Actualmente los ejidatarios pastorean ahí sus ganados. En algunas rinconadas siguen sembrando maíz de temporal.